La Constitución española de 1978 rompe drásticamente con un modelo policial fuertemente, y tradicionalmente, militarizado, lo que adquiere especial significado tras casi cuarenta años de dictadura.
El constituyente, por un lado, expulsa definitivamente el concepto preconstitucional de orden público para definir las funciones que en un Estado Social y Democrático de Derecho le corresponde desempeñar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por otro lado, distingue con absoluta nitidez entre Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.